miércoles, 1 de septiembre de 2010

JUICIO DE RESIDENCIA

                          







                             El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del Derecho Castellano e Indiano.
Consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra.
                             El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento.   Generalmente el encargado de dirigir el proceso, llamado JUEZ DE RESIDENCIA, era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente consistían en multas.
                             El juicio de residencia tuvo  gran importancia e incluyó a  toda clase de funcionarios, desde Virreyes y Presidentes de Audiencia, hasta Alcaldes y Alguaciles.

                           Todos los virreyes debían afrontar su juicio de residencia antes de que su sucesor tomara posesión del cargo, pero en el siglo XVIII estos juicios se realizaban una vez que había regresado a España.

                             En este largo proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos.       El juicio era sumario y público. Terminado el mismo, si era positivo, la autoridad sobreviniente podía ascender en el cargo; en cambio, si el enjuiciado había cometido cargos, errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición vitalicia de ejercer un cargo.


                             Otra de las fórmulas empleadas por la Corona para controlar a sus funcionarios, incluido el virrey en su calidad de presidente de la audiencia, era a través de la inspección conocida con el nombre de VISITA. Efectuada por un visitador, nombrado para el caso por el rey, tenía como fin conocer los abusos cometidos por las autoridades, proponiendo las reformas necesarias.